Las primeras conclusiones de la Ertzaintza tras la investigación sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar, en el que desaparecieron dos trabajadores, ha constatado “indicios de criminalidad” en la gestión de la instalación y vincula “las actuaciones irregulares” con lo ocurrido.

Al parecer, estas irregularidades vulneraban supuestamente la Autorización Ambiental Integrada que fue concedida en 2007 y renovada en 2013 por el Gobierno Vasco a la empresa Verter Recycling para que pudiera desarrollar la actividad. En función de la información procedente de “fuentes abiertas”, en el vertedero “se estaba eliminando todo tipo de residuos”, no sólo para los que tenían autorización.

Por ello la Ertzaintza ve “indicios de criminalidad” en relación a dos delitos, un primero cometido contra los recursos naturales y el medio ambiente, por ponerse en “riesgo grave” el entorno natural y “la salud de las personas”, y un segundo contra los derechos de los trabajadores.

Asimismo se concluye que se almacenó amianto sin el visto bueno de la Inspección de Trabajo, que precisa que la firma se inscribió en el registro de empresas con riesgo por este material en 2017, cuando llevaba años gestionándolo.

El departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, por su parte, ha anunciado que remitirá en breve a la empresa Verter Recycling las primeras facturas de los trabajos que el Gobierno Vasco está llevando a cabo en la instalación, por valor de 3,4 millones de euros.